JUCHITÁN, Oaxaca.- Comuneros zoques de Santa María Chimalapa manifestaron su irritación e indignación contra las autoridades estatales y federales, tras enterarse de la existencia de órdenes de aprehensión contra sus autoridades agrarias
En una asamblea extraordinaria realizada el pasado jueves, el presidente del comisariado de los Bienes Comunales, Armando López González, quien actualmente está amparado, les informó que tiene una orden de aprehensión, emitida por el juez de garantías de Juchitán, acusado por el delito de privación ilegal de la libertad.
Y es que el pasado lunes, el expresidente municipal, Silaín Hernández, fue presentado ante el Ministerio Público de Matías Romero, para rendir una declaración; sin embargo, fue dejado en libertad, sin que hasta el momento se conozcan más detalles.
Durante la asamblea trascendió que el origen de estas órdenes de aprehensión, surgieron tras la denuncia presentada por los presuntos invasores chiapanecos, que estuvieron retenidos a finales del 201 en la población de San Francisco La Paz.
Entre los retenidos se encontraba David Vega, señalado como promotor de las recurrentes invasiones de las tierras de los Chimalapas, mismo que fue entregado a las autoridades estatales y posteriormente fue liberado.
Esta situación -señalan- coloca a la comunidad en otra dinámica, por lo que se le ha ordenado al comisariado y al actual presidente municipal, Víctor Zárate Lorenzo, que no se presenten a la reunión pactada para el día 24 de enero, convocada por el gobierno de Oaxaca.
Señalaron que el próximo lunes 23, realizarán una asamblea general para definir las acciones que realizarán, pues consideran que el anterior gobierno les ocultó esta información.
Los comuneros consideran que esta acción es una revancha por las acciones cometidas en los juzgados de Matías Romero, en octubre del año pasado, cuando fueron incendiadas las oficinas.
“Ahora quieren señalar a los zoques como los culpables y los invasores chiapanecos del predio La Gringa, como las víctimas”.
Las órdenes de aprehensión contra el comisariado y el expresidente, están sustentadas en la causa penal 08/2016 por el delito de privación ilegal de la libertad denunciando por David Vega y otros tres acompañantes que también estuvieron retenidos por los pobladores de San Francisco La Paz, a finales del 2015 y entregados al Ministerio Público de Matías Romero a principios de 2016.
