MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, Oaxaca.- Este jueves, pobladores de El Paraíso, agencia del municipio de Santa María Petapa, quemaron llantas y basura en el edificio del palacio municipal de Matías Romero Avendaño, para exigir una indemnización para los deudos de Javier Martínez Gutiérrez, quien fuera encontrado muerto en su celda --de la cárcel municipal-- la noche del pasado 15 de septiembre.
Alrededor de las 11 de la mañana, armados con palos y machetes, familiares del occiso e integrantes de la Unión Democrática Región Istmo (UDERI), irrumpieron en el inmueble donde despacha el presidente municipal de extracción panista, Etelberto Rodríguez Terán, para realizar una protesta y exigir el pago de 150 mil pesos como indemnización.
Los irritados manifestantes exigieron a las autoridades municipales el esclarecimiento de la muerte de Javier Martínez Gutiérrez, de 53 años de edad, que dejó en la orfandad a cuatro hijos.
“Queremos que nos apoyen con la vida de mi hijo, pues falleció dentro de la cárcel”, demandó Miguel Martínez, padre de la víctima.
Agregó que el munícipe ha querido lavarse las manos, responsabilizando a los policías que detuvieron al ahora occiso, diciéndoles que son los uniformados quienes pagarán por la vida de su hijo, Javier Martínez.
“El presidente es quien manda a los policías, por eso queremos hablar con él, para que nos pague”.
Por otro lado, el abogado de la familia, Fernando Renán Sánchez, señaló que en el juzgado de garantías se está siguiendo un proceso penal, mientras que en el Ministerio Público está abierta una carpeta de investigación; sin embargo, las autoridades municipales se niegan a pagar por su responsabilidad en los hechos.
“Etelberto (Rodríguez Terán) está ofreciendo la cantidad de 10 mil pesos y al parecer solo espera a que termine su administración e irse, y dejarle a las autoridades electas el problema”.
Advirtió que si el presidente municipal no atiende la exigencia de la familia del occiso, radicalizarán la protesta y además de la toma del palacio, harán lo mismo con oficinas alternas donde funcionan otras instancias municipales.
Luego de una breve reunión con el síndico municipal, los familiares informaron que las autoridades municipales se niegan a responder.
“Traeremos más gente de nuestra organización y entonces si vamos a cerrar más oficinas hasta lograr que el presidente pague la indemnización correspondiente, tal y como lo establece la ley y no los 10 mil pesos que están ofreciendo”.
